Sufrimos una grave crisis económica, social, ambiental y política como consecuencia de un sistema
injusto en el que unos pocos acumulan cada vez más riqueza y poder a costa del empobrecimiento de lamayoría y el desequilibrio ecológico del planeta. Sus causantes, que se han beneficiado antes y siguen haciéndolo ahora, se amparan en esta crisis para justificar el brutal ataque contra nuestras condiciones de vida y libertades. Cada vez padecemos más intensamente sus consecuencias en forma de paro, desahucios, reducción de sueldos y pensiones, recortes en prestaciones y servicios públicos, leyes que restringen nuestros derechos tratando a las personas como delincuentes, como la recientemente aprobada Ley de Seguridad Ciudadana, que viola convenios internacionales sobre derechos fundamentales.
Los poderes e instituciones públicas se han puesto al servicio de los intereses de esa minoría, porque los gobernantes de los partidos políticos mayoritarios se han doblegado a sus dictados. Han preferido rescatar a los bancos en vez de a la gente; han fomentado la burbuja inmobiliaria y destruido recursos naturales; han hundido la industria local y las cajas de ahorros y han endeudado de por vida al país. En demasiados casos han ejercido la política en su propio beneficio y no como un servicio público. Mientras tanto, siguen pidiendo austeridad y sacrificios a los de siempre, al pueblo.
Sin embargo, estamos aprendiendo a responder cada vez más y mejor frente a esta situación. Durante los últimos años han surgido multitud de movimientos e iniciativas sociales que han ido pasando de la indignación a la movilización y la creación de alternativas frente al sistema que nos está oprimiendo.
